En Argentina, a través de la reforma de la Constitución Nacional se incorporó el concepto de Desarrollo Sustentable (Art.41), declarando que todos los habitantes tienen el derecho a gozar de un ambiente sano, saludable, apto para el desarrollo de sus actividades, y tienen el deber de preservarlo, para que las generaciones futuras también puedan satisfacer sus necesidades, haciendo uso racional de los recursos. Para lograr esto, la sociedad necesita estar informada, es por ello que actualmente demanda un alto nivel de concientización ambiental, tanto a las grandes compañías como a las pequeñas; e incluso esta dispuesto a pagar un precio por ello- directa o indirectamente- en términos de un aumento del costo de algunos bienes y servicios, dentro de límites razonables. La postura de la industria y el comercio han evolucionado paralelamente a las inquietudes de la sociedad: de una postura inicial defensiva, se ha pasado a la aceptación y de ahí a reconocer la necesidad de una política de honestidad medioambiental como requisito básico para la supervivencia y éxito de una empresa.