Se reseña que, desde 2005, la Generalitat de Cataluña está redactando una ley sobre contaminación por olores, pionera en España. Se considera que dicha normativa necesita, debido a las características particulares del olor, estandarizar y uniformizar los sistemas de medición con el objeto de evitar posibles situaciones de inseguridad jurídica y conseguir que los resultados análíticos que se otengan de los muestreos sean legalmente representativos.

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