Una reciente decisión de la Comisión Europea puede obligar a buena parte de la industria química española a entrar en el sistema de comercio de derechos de emisión, derivado del Protocolo de Kioto. Este reto convierte a la gestión de emisiones de CO2 en un asunto con fuertes implicaciones en la cuenta de resultados de las empresas y, por tanto, de valor estratégico.