Las nuevas tecnologías aplicadas a nivel mundial para la extracción de hidrocarburos, denominadas "no convencionales", constituyen modalidades que presentan particularidades en cuanto a las formas de exploración y producción utilizadas hasta el presente en nuestro país. Es por ello que resulta necesario potenciar los recaudos legales tendientes a proteger los recursos ambientales y socioeconómicos asociados a la actividad, de manera tal que la actividad de exploración y explotación de recursos hidrocarburíferos no convencionales tenga legitimidad y consenso social; evitando así disputas sociales y políticas que en nada favorecen la evolución de la industria. De la revisión del marco normativo e institucional efectuada por la suscripta, se aprecia que los impactos asociados con la actividad no convencional que requieren agudizar su control y normalización, son mayormente los relacionados con el recurso AGUA, a saber: a) Consumo y uso de agua superficial y/o subterránea. b) Tratamiento del "Flow Back" o agua de retorno y contaminación de recursos acuíferos subterráneos Para viabilizar el desarrollo de recursos hidrocarburíferos no convencionales, protegiendo a la par los recursos naturales para generaciones futuras como dicta la Constitución Nacional, es menester trabajar sobre dos ejes: Institucional y regulatorio, que serán desarrollados en el trabajo. Como conclusión considero que a fin de evitar la superposición normativa derivada de la multiplicidad de autoridades de aplicación ya referida, y al mismo tiempo aunar consenso y legitimidad pública, lo más prudente sería dictar una Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección Ambiental en la exploración y explotación de hidrocarburos, que obviamente contemple la modalidad de explotación "no convencional"; y que sea debatida en el ámbito legislativo con la participación de todos los actores sociales involucrados. Asimismo, propiciar la reglamentación de la Ley de Presupuestos Mínimos de Gestión de Aguas que permanece sin reglamentar desde su entrada en vigencia (3/1/03), y contemplar en ella este tema. Ambas herramientas constituirían una regulación de mínima para las provincias y demás entre de contralor, pudiendo ser complementada en función de las realidades geográficas, sociales, económicas, etc; de cada lugar.