Según especialistas de la Prefectura Naval Argentina (PNA), el convenio internacional que regula la intervención en alta mar para el caso de accidentes de hidrocarburos no se condice con la Convención de Derechos del Mar, el principal acuerdo que reglamenta la actividad naval. De esa manera, a su entender, el tratado aprobado recientemente por el Gobierno no tendrá una sencilla aplicación.