El Protocolo de Kioto se firmó por 36 países industrializados en diciembre de 1997 y tiene como principal objetivo la reducción global de las emisiones de gases de efecto invernadero respecto a los niveles registrados en 1990. En estos momentos cobra actualidad porque España debía haber comunicado a la U.E., antes del 31 de marzo del 2004, el plan de asignación del total de derechos contaminantes que repartirá entre los sectores afectados. El artículo comenta los aspectos generales del Protocolo y, de modo particular, la posición negociadora de España y las consecuencias que tendrá para dicho país.