LACGEC 2000

La energía, y como caso particular la electricidad, es parte de la actividad económica y de la vida social. Las actividades de generación, transporte, distribución y consumo de electricidad afectan tanto a los operadores económicos como al conjunto de la sociedad, y en especial al medio ambiente donde aquéllas se desarrollan. En particular, el sector eléctrico es el responsable del 90% de las emisiones de dióxido de azufre (SO2) y de óxidos de nitrógeno (NOx) procedentes de las Grandes Instalaciones de Combustión en España. Además, aporta el 25% de las emisiones totales de dióxido de carbono (CO2) y es responsable de la mayor parte de los residuos radiactivos producidos. Para conseguir una asignación eficiente, es preciso internalizar los costes ambientales en el precio de la electricidad. De esta forma se podrán analizar sobre una misma base las ventajas e inconvenientes que presentan distintas opciones energéticas. Desafortunadamente, esta tarea tropieza con una seria dificultad, pues existe una gran incertidumbre en la cuantificación de estos costes, así como una escasa experiencia de mecanismos regulatorios que permitan su incorporación, de forma completa, a este precio. Por ello, este proceso de internalización que subsana, parcialmente, los posibles fallos del mercado y, que es el objetivo que debe tomarse conceptualmente como referencia, hay que acometerlo con gradualidad y prudencia pero con decisión dada su importancia para la protección efectiva del entorno. Por tanto, mientras no se internalicen estos costes sociales es precios hacer uso de la regulación económica estableciendo unas señales explícitas que consigan una asignación de recursos que se acerque a la que resultaría como óptima si el mercado hubiera dispuesto de toda la información y en especial de la referente a los costes sociales de carácter medioambiental.